Luis Guillermo Cartín Herrera, supuesto miembro del narcoclán que exportaba droga a Europa, habría intentado penetrar varias municipalidades con el objetivo de realizar proyectos de desarrollo inmobiliario.
Cartín, quien presidía La Escarcha S.A., sostuvo reuniones en varios ayuntamientos, entre los que se pudo confirmar están San Pablo de Heredia y Corredores, esta última cuestionada por el caso Pancho Villa, también relacionado con narcotráfico.
PELEA EN SAN PABLO
Una resolución de Sala Constitucional del 21 de enero del 2011, firmada por Ana Virginia Calzada, entonces presidenta de ese despacho, le dio la razón a Cartín en un enfrentamiento que tuvo con la Municipalidad de San Pablo de Heredia.
El inversionista interpuso un recurso de amparo contra el gobierno local en el 2009, debido a que se le negó la transcripción de certificado de uso de suelo, así como la copia de este.
El Departamento de Ingeniería Municipal le negó los documentos y por esa razón se ejecutó el recurso.
“Se declara con lugar el recurso y, en consecuencia, se anula el oficio número CRVV-05-2009 del 15 de abril de 2009, emitido por el Departamento de Ingeniería Municipal de San Pablo de Heredia. Se condena a la Municipalidad de San Pablo de Heredia al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo. Notifíquese”, se lee en la resolución.
OTRA DISPUTA EN CORREDORES
Con la Municipalidad de Corredores Cartín también tuvo una disputa que se resolvió en la Sala IV el 18 de marzo del 2015.
El 25 de enero de 2015, de igual forma que en el proceso de San Pablo, solicitó el uso de suelo para la construcción de un proyecto de construcción llamado El Futuro, donde pretendía levantar 383 viviendas. Estas se ubicarían en el distrito 1 de este cantón.
“Acota que el 30 de octubre de 2014, recibió el oficio IM-140-2014, mediante el cual la Municipalidad de Corredores dispuso denegar el permiso de uso de suelo gestionado, invocando para ello la aplicación de los artículos 4° y 5° del Decreto No. 22407-MOPT-MIVAH, en lo que atañe a la imposibilidad de urbanizar ese sector, tomando en cuenta que es una zona de alto riesgo”, reclamaba Cartín ante la Sala.
Pese a que insistió a los magistrados que debían entregarle esos papeles, argumentando que los ministerios de Vivienda, Obras Públicas, Ambiente y la propia Comisión Nacional de Emergencias habían otorgado avales para avanzar con el proyecto, en la Municipalidad no tuvo ese apoyo.
Tras conocer los argumentos de las partes, los magistrados rechazaron el recurso interpuesto por Cartín.
“(…) Si el recurrente considera que la normativa señalada es inconstitucional o inconvencional, así deberá alegarlo, cumpliendo con los requisitos procesales que establece el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y no a través del amparo, cuyo objeto no resulta aplicable a ese proceso de control de constitucionalidad de las normas. Por lo expuesto, corresponde el rechazo del recurso, tal y como se indica en la parte dispositiva de esta resolución”, destaca lo resuelto por el magistrado Gilbert Armijo.
