En medio de la polémica suscitada por la entrada en vigencia del Decreto ejecutivo No.44263-MOPT y de su suspensión provisionalísima por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, el diputado Gilberth Jiménez presentó un nuevo proyecto de ley que busca, según dice, solventar los supuestos problemas de falta de recursos relacionados con la medida del Gobierno.
Dicho decreto traslada a las municipalidades la administración de más de 3.000 kilómetros de carreras nacionales, sin embargo, lo hace sin dotar de recursos a los gobiernos locales, de acuerdo con decenas de alcaldes.
“De una manera irresponsable e inconstitucional, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) intentó trasladar 3.071 kilómetros de la red vial nacional a los gobiernos locales, esto sin brindarles ningún recurso económico adicional para el mantenimiento de esas vías, algo que no vamos a permitir”, manifestó el legislador.
De acuerdo con el liberacionista, la aplicación del decreto transgrede el artículo 170 de la Constitución Política, el cual establece que las corporaciones municipales son autónomas.
¿QUÉ DICE LA INICIATIVA?
El plan de Jiménez no es que las vías no se trasladen a los municipios, sino más bien que quede plasmado en la legislación nacional el modo de financiar el mantenimiento de las carreteras, ahora en manos de los gobiernos locales.
“Del proyecto establece un mecanismo justo y equitativo para la distribución de los recursos económicos que se les deberán brindar a los 79 gobiernos locales, a los cuales se les trasladarían las rutas, esto gracias a la fórmula que establece la distribución equitativa, razonable y proporcional, los que se asignarán en relación con la longitud (kilómetros) por el ancho de la calzada de cada ruta/sección de control”, aseguró el verdiblanco.
Los recursos provendrían de lo recaudado por medio del impuesto único a los combustibles, establecido mediante la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, No.8114.
De aprobarse la iniciativa de ley, tramitada bajo el expediente 24.440, las municipalidades recibirían más de ¢36.000 millones al año, mientras que al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) se le asignarían más de ¢76.000 millones.
