Este lunes será trascendental a nivel político, ya que se estará definiendo el futuro de la denominada Ley Jaguar.
La Sala Constitucional sesionará hoy de forma extraordinaria para conocer y resolver la consulta presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al expediente N° 24.364.
Dicha consulta, tramitada bajo el expediente judicial 24-017291-0007-CO y realizada por los magistrados del TSE, busca criterio sobre la solicitud realizada por Alberto Cabezas Villalobos y Edgar Espinoza Rodríguez (esposo de Pilar Cisneros) para autorizar la recolección de firmas de cara al referéndum.
Del mismo modo, piden que los altos jueces se pronuncien sobre la jurisprudencia constitucional (voto 998-1998, del 16 de febrero de 1998) que limita las reformas a las competencias de la Contraloría General de la República (CGR).
Cabe recordar que la propuesta del Ejecutivo plantea que la CGR no pueda interferir, advertir, ni recomendar asuntos relativos a la Administración Pública, ni tampoco tendría potestad para evaluar previamente la gestión administrativa, además, prohíbe suspender actos y contratos del Estado o sus instituciones.
Ademas, modifica la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) para arrendar, comprar o construir inmuebles en terrenos públicos. El objetivo sería el avance de la Terminal Portuaria del Caribe.
Asimismo, modificaría el artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública para que la Administración pueda adquirir o arrendar inmuebles, tanto por construir, en proceso de construcción o construidos sobre terrenos públicos.
En esas compras o arrendamientos podrá incluir servicios de diseño, construcción y obra que se requieran para la consecución del bienestar general. Se adiciona un plazo de 30 años, tanto para los arrendamientos como para los derechos de uso cuando se traten de terrenos públicos. El objetivo de esa modificación sería avanzar con Ciudad Gobierno.
Distintos sectores consideran que la iniciativa de Gobierno es inconstitucional y pretende limitar la fiscalización de los recursos públicos, no obstante, Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia, aseguran que la Ley Jaguar quiere llevar desarrollo a Costa Rica.
¿QUÉ SIGUE?
DIARIO EXTRA consultó a Fernando Zamora, abogado constitucionalista, sobre los posibles escenarios.
“Hay varios. Pueden declarar la propuesta como parcialmente inconstitucional y totalmente inconstitucional, en caso de ser así, los diputados no podrían votar el proyecto y, por lo tanto, se caería el referéndum, ¡el proyecto se murió! Si se declara parcialmente con lugar, tendría que ser remitido a una comisión legislativa para que corrijan lo que la Sala está señalando como inconstitucional”, explicó.
Actualmente el Gobierno no le ha asignado comisión a su proyecto estrella.
“La Sala Constitucional podría también darle luz verde y si eso pasa sería remitido al Plenario para ser votado por 38 diputados. Desde mi perspectiva, esta propuesta tendría roces de ley, algunos artículos quitan facultades a la Contraloría General de la Republica. Si los magistrados mantienen su jurisprudencia va a resultar inconstitucional”, dijo a El Periódico de Mas Venta en Costa Rica.
